Hablar de igualdad de género en el marco de un conflicto armado

Publicado 14 de octubre de 2011 no picture Alejandra Gaviria

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Se registró el día 10 de mayo de 2011
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Al conflicto armado colombiano lo hemos nombrado antes y comentado por encima. Pero, cuando nos ponemos a pensar en los derechos de las niñas y las mujeres en Colombia, nos damos cuenta que es quizás una de las realidades más complicadas en nuestro continente.

Han sido casi 50 años en los que el problema de la violencia sexual contra las mujeres a manos de los diferentes actores armados todavía no está debidamente dimensionado ni recibe la atención necesaria.

Recientemente, en un informe de Amnistía Internacional se han documentado cientos de estos casos de violaciones y abusos sexuales que han sido cometidos tanto por guerrilleros, como por paramilitares y miembros de la fuerza pública y dan testimonio de una historia de permanente intimidación, de instituciones poco interesadas en reconocer y enfrentar el problema, y de falta de voluntad política para acabar con la impunidad.

Shirley tenía solo 17 años cuando fue llevada por la fuerza a un campamento paramilitar en Antioquía, donde fue violada repetidas veces.

"Yo no sabía cuándo me llegaba la menstruación, porque yo constantemente sangraba porque eran muchísimos hombres", contó.

Shirley permaneció en el campamento de febrero a agosto de 2005, cuando finalmente logró escapar. En diciembre de 2008, a pesar de las constantes amenazas, juntó el coraje necesario para hacer una denuncia, "para que se den cuenta que esto sí pasa", explicó.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y las autoridades acordaron ponerla bajo la tutela de su programa de protección. La investigación, sin embargo, nunca prosperó. Y en varias ocasiones la protección ofrecida por el Estado la obligó a compartir casa con algunos de sus violadores, que se habían desmovilizado en el llamado proceso de Justicia y Paz un par de años atrás.

Aunque Shirley ha identificado a más de 35 de los hombres que abusaron de ella, hasta el momento ninguno ha sido enjuiciado por su caso. Ella no ha recibido justicia.

Según indicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América Latina de AI, "Los grupos armados usan la violencia como una manera de castigar a las mujeres, si consideran que no están aceptando su control sobre su familia, su población, su zona; o si consideran que su familia está colaborando, simpatizando con el grupo enemigo, sea cual sea. Muchas veces (la violencia sexual) es usada como una arma de terror para forzar el desplazamiento de la población civil"

También en el marco del Tribunal Simbólico Internacional de condena a la Violencia Sexual en el Conflicto armado, se documentaron casos como el de una madre del municipio de La Dorada, que perdió a cuatro de sus hijas que fueron abusadas sexualmente por grupos paramilitares. Según lo contó en la audiencia, su tragedia ocurrió el 1 de enero de 2001 cuando un grupo de paramilitares la obligaron a ella y a su familia a salir de su casa. “Me quitaron a mis hijas y me las mataron. Las autoridades no me ayudaron. (Los paramilitares) me amenazaron y después de diez años fui yo misma quien encontré los cuerpos en una fosa”

Pero las mujeres en las zonas de conflicto también enfrentan otros problemas, como el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales, que a menudo utilizan a las jovencitas como “carnada”.

“Los uniformados no siempre necesitan recurrir a la violencia para aprovecharse de las mujeres y menores de la región. Las niñas aparentemente se enamoran de los actores armados porque tienen poder económico, porque a veces no hay otra oportunidad. En Putumayo no hay universidad. Las bases militares que construyen en este departamento son a 100 metros de la escuela. No son impuestas (las relaciones), pero ellas las ven como su única opción", explicó una activista por los derechos de la mujer y en contra del reclutamiento Infantil en el departamento de Putumayo.

Son estos los casos en los que los actores armados, se aprovechan de niñas y jóvenes, para convertirlas en informantes o correos y como consecuencia de estas relaciones, las cuales pueden considerarse un ejemplo de abuso de poder, varias niñas y sus familias se convierten en blanco de los grupos adversarios.

Aunque aveces hace falta mucho menos que eso: otro caso documentado en el tribunal contó como en 2010, un grupo de mujeres indígenas del norte del Cauca denunció que las Farc las agredió sexualmente y luego asesinó a una integrante del cabildo por haberle vendido minutos de celular a miembros del Ejército.

Las posibilidades de que este tipo de conductas sean denunciadas ante las autoridades, es sin embargo muy remota. Según estudios publicados por Corporación Casa de la Mujer y Oxfam, el 82% de las mujeres víctimas de la violencia sexual en las zonas de conflicto nunca denuncian lo sucedido pues la mayoría de las mujeres temen la represalia y el estigma social pero sobre todo porque cuando tienen la valentía de denunciar, la primera respuesta del Estado es no creerles, o culparlas a ellas por lo ocurrido. Y si logran que haya una investigación los obstáculos para llegar a la justicia y que los culpables sean enjuiciados es muy difícil.

Es ciertamente un panorama complicado, pero no el único. La violencia contra la mujer se expresa en la sociedad colombiana de muchas formas y no exclusivamente en el marco del conflicto armado. De acuerdo a UNIFEM, cada minuto son agredidas seis mujeres en Colombia. En un informe publicado en el 2010, la agencia informaba que en el país, las agresiones contra las mujeres son vistas como algo normal y que la sociedad tiende a justificarlas. Además de esto, solo un 38% de las víctimas denuncia a sus agresores y esto se da por muchas razones: por el miedo, por el chantaje, porque el sistema de justicia no funciona adecuadamente, porque quien es golpeada por alguien de su familia siente vergüenza de ir a denunciar, etc.

Esta es quizás una situación que no se aleja demasiado de la realidad de otros países latinoamericanos. En Colombia, sin embargo está el agravante del Conflicto Armado y la impunidad que existe para condenar las violaciones a los DDHH de las mujeres. Esto nos da una señal de alerta de lo mucho que hace falta por hacer y por proteger a las mujeres para realmente lograr que tengamos una sociedad justa con derechos para mujeres y hombres por igual.




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