Una Reforma, una Decisión, una Opción de Libertad para las Jóvenes Bolivianas

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Una mujer vestida de blanco sostiene una pancarta que dice "Yo decido"
Fotografía: Montecruz Foto. Todos los créditos: https://www.flickr.com/photos/libertinus/ Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

“Entre 2008 y 2013 se registraron 775 procesos por aborto ilegal en Bolivia, establece el estudio Cuando el aborto es un crimen: la amenaza para mujeres vulnerables de América Latina, realizado por la organización no gubernamental que trabaja en salud reproductiva IPAS.” (Página Siete, marzo del 2017)

Y es que el Código Penal Boliviano vigente castiga el aborto hasta con seis años de cárcel, con contadas excepciones, como: en caso de embarazo por delito de violación, rapto no seguido de matrimonio (sí, mi reacción fue la misma: ¿en serio?), estupro o incesto; y peligro para la vida o la salud de la madre.

Por otro lado, las trabas impuestas a las gestantes, que en muchos casos no podrán realizarse una interrupción del embarazo de manera libre, segura y a un costo asequible, se traducen en unas 67.000 complicaciones en la salud de mujeres que acuden a centros médicos en cuadros desesperantes causados por abortos mal realizados.

Los casos críticos no siempre terminan en una mera complicación. Cuando la situación pasa a ser insostenible, los signos vitales de las jóvenes, que enfrentan estas odiseas casi siempre solas, se detienen. Es así que muchos de los casos terminan en la muerte de la gestante, sumidas en un completo olvido de las autoridades y el desdén de colectivos pro-vida que, si del incidente la joven se hubiera salvado, hubieran lanzado sobre ella el más inquisidor de los juicios.

La práctica clandestina de esta actividad, llevada adelante en situaciones de salubridad más que deplorables son, casi siempre, la única opción que tienen las jóvenes bolivianas que, por cuestiones de estigmatización (en la escuela y en la misma familia) y pobreza, deben acudir a centros no autorizados para arriesgarse a tratar con personas que se deslindan de toda responsabilidad ante cualquier resultado adverso en la salud de la joven.

Sumada al vía crucis que las mujeres deben vivir para practicarse una interrupción del embarazo en condiciones dignas, está la criminalización (por si fuera poco) de este hecho. El estudio al que hice referencia en el inicio del artículo (realizado en Bolivia, Brasil y Argentina) establece en el caso de Bolivia, que los procesos iniciados contra mujeres que se han realizado abortos "languidecen” durante meses. Puede tomar años hasta que un caso se archive; y en el periodo analizado, sólo una mujer fue condenada y pasó ocho meses en prisión.

A partir de este mes de marzo, se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional -máximo Órgano legislativo del país- un proyecto de ley (de reforma) del Código del Sistema Penal Boliviano. Se trata de una transformación estructural que busca integrar nuevas medidas al sistema penal boliviano, además de otras que ya están operando en la realidad.

En el marco de esta reforma, se plantea despenalizar el aborto en las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez, si se dan al menos una de las 9 causales propuestas: cuando la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o sea estudiante.

También, el proyecto despenaliza el aborto en cualquier etapa de la gestación en los casos en que haya riesgo para la vida o para la salud integral de la embarazada; existan malformaciones fetales incompatibles con la vida; y/o si el embarazo fuese fruto de una violación o en caso de ser la madre adolescente.

Como varón interesado en la situación jurídica de la mujer en Bolivia, me toca seguir, de manera expectante, el proceso legislativo que el proyecto de Código Penal vivirá en la Asamblea Legislativa; y siempre, acompañar a mis pares en las luchas que seguramente devendrán en conquistas sociales plasmadas en leyes.

Sin duda, este es un gran paso que da el Estado Boliviano en materia de legislación relativa a los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, asegurar la integridad física, psicológica y sexual de las bolivianas es una tarea que requerirá de tiempo y debate propositivo. Las leyes no siempre se aplican de la forma en las que se planificó al redactarlas; y tampoco es conveniente olvidar que, sin el acompañamiento oportuno de la sociedad, la situación de las más vulnerables no cambiará significativamente.

 

Este artículo fue publicado originalmente en la antigua plataforma en línea de Voices of Youth y fue recreado por el autor en este nuevo sitio.

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